A pesar de las redadas, que involucraron a aproximadamente 40 funcionarios, Boluarte se negó a renunciar, insistiendo en su integridad y planeando servir hasta 2026. La presidenta criticó las redadas como excesivas durante una conferencia de prensa. La operación, que involucró registros en la casa del distrito de Surquillo de Boluarte y el palacio cercano, procedió sin problemas, según las declaraciones de la presidencia en las redes sociales. El primer ministro Gustavo Adrianzen también impugnó las redadas, destacando su impacto negativo en el clima de inversión del país y considerándolas inconstitucionales. El escrutinio comenzó dos semanas antes, luego de que informes de medios de La Encerrona sugirieran que Boluarte poseía varios relojes Rolex.