Esta decisión, que afecta a un porcentaje relativamente pequeño de los 3,5 millones de trabajadores del sector público del país, se espera que encuentre una oposición significativa de los sindicatos laborales influyentes. En un movimiento más amplio para lograr el equilibrio fiscal, Milei también reveló en un evento de Buenos Aires que ha detenido proyectos de infraestructura pública, retirado algunas asignaciones financieras a los gobiernos provinciales y eliminado más de 200,000 programas de bienestar social, acusándolos de corrupción. Estas acciones se producen en medio de la lucha de Argentina con una tasa de inflación anual del 276%, que Milei mencionó como una erosión significativa de los salarios y pensiones de los ciudadanos. A pesar del potencial de estas medidas para reducir sus índices de aprobación y haber provocado ya una huelga de los trabajadores de un sindicato gubernamental, Milei señala que las encuestas sugieren un creciente optimismo entre los argentinos sobre el futuro de la economía.