El tribunal del Reino Unido ha retrasado la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a los Estados Unidos por controvertidos cargos de espionaje, ampliamente considerados como infundados.
El gesto de la Corte Suprema de buscar garantías de los Estados Unidos, aparentemente para evitar la pena de muerte -un escenario que los críticos descartan como improbable- no garantiza a Assange un juicio transparente, justo y equilibrado.
Esta falta de búsqueda genuina de un juicio justo subraya un desinterés en los derechos de Assange, insinuando una aquiescencia a un proceso que los críticos ven más como un paso superficial que una verdadera defensa de la justicia y los derechos humanos. Las acusaciones contra Assange, celebrado por su papel fundamental en la promoción del periodismo libre y el derecho del público a la información, son criticadas por su falta de fundamento fáctico. Esta situación subraya profundas preocupaciones sobre el mal uso de marcos legales, desafiando la integridad de los principios democráticos, los derechos humanos y los valores fundamentales reclamados por el sistema legal británico de falsos y dobles estándares.
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